Concesiones de soterramiento de cables por el MOP

A raíz de la intensa nevazón registrada este fin de semana en Santiago, hemos oído mencionar, por parte de las autoridades y actores vinculados al sector eléctrico y de infraestructura, la idea de iniciar el estudio de diversas iniciativas destinadas a soterrar los cables de distribución eléctrica a fin no sólo de aumentar la confiabilidad de los sistemas de suministro y comunicaciones, sino que además aminorar la contaminación visual de las ciudades. Al respecto, entre las diversas alternativas, ha surgido la idea de concesionar las obras de soterramiento de los cables usando la ley de concesiones de obras públicas[1] de forma tal de atraer inversión privada a la solución de este problema público. El modelo antes referido es jurídicamente viable, y necesitaría de la suscripción de “convenios de mandato” entre las Municipalidades y la Dirección General de Obras Públicas, de forma que el MOP licite a un privado la concesión del uso del subsuelo y de los derechos de construcción en el espacio sobre los bienes nacionales de uso público o fiscales de tuición municipal destinados a las obras. Respecto de esta figura jurídica, es ilustrativo señalar que hoy en la mayoría de las obras viales concesionadas opera, como modelo de negocio complementario a la explotación de las carreteras, la concesión del “servicio de multiductos”[2], mediante el cual el concesionario puede construir y operar en terrenos entregados en concesión, ductos destinados a ser usados por terceros, servicio por el cual el concesionario percibe una retribución que forma parte de su contrato. En el caso de la concesión para el soterramiento de los cables de distribución eléctrica, el caso es distinto y bastante más complejo, pues para ello el MOP debería acordar previamente con la empresa de distribución eléctrica las condiciones de afectación de la infraestructura existente y el modelo de negocio del contrato de concesión. La concesionaria de distribución eléctrica está amparada en su concesión de distribución eléctrica, y presta un servicio que la ley general de servicios eléctricos califica como público. Otro aspecto a considerar es la determinación del nivel de subsidio que requeriría este tipo de contrato para volverlo económicamente viable. A este respecto, podría ser que en el futuro pudiésemos ver que el modelo de concesiones de soterramiento sea en parte financiado por el consumidor final de energía, de concretarse las anunciadas bajas de precio producto de las ultimas adjudicaciones de las licitaciones para los clientes regulados.

 

[1] Decreto Supremo MOP Nº 900 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de del DFL MOP N° 164 de 1991 ley de concesiones de obras públicas.

[2] Ejemplo de ello lo encontramos en el art. 1.10.9.3 de las Bases de Licitación de la Obra Américo Vespucio Oriente tramo Avda. El Salto – Príncipe de Gales.

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